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| Porfirio Lobo Sosa |
A pocos días de que el nuevo Presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, tome posesión de su cargo, el desenlace del Golpe de Estado del pasado 28 de junio sigue en suspenso, con un gobernante de facto empeñado en disfrutar del cargo hasta el último minuto y un presidente derrocado con sólo dos opciones para salir de su refugio en la sede diplomática de Brasil: exilio o cárcel.
El más comprensivo con el drama de Zelaya es Lobo, pero en todo caso lo quiere fuera de Honduras y no adentro. Sus asesores sostienen que "a estas alturas lo hecho, hecho está, y provoca más inestabilidad tener a Zelaya confinado que en el exterior".
Reacción de Micheletti. Ante ese escenario político complejo se acaba de estrellar la última gestión del Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Craig Kelly, quien trató de convencer a Micheletti de que le había llegado su hora de despejar el camino a Lobo y evitar un mayor aislamiento internacional del país.
La respuesta de Micheletti fue: “No sé qué les pasa a los norteamericanos”, y atribuyó la exigencia a la “mala asesoría” del embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Lorens.
La única concesión del gobernante de facto fue anunciar que no acudirá al acto público de toma de posesión de Lobo, el próximo 27 de enero en el estadio nacional de fútbol en Tegucigalpa, y que “veré la ceremonia por televisión en mi despacho”.
“Cuando Lobo sea juramentado, dijo Micheletti, saldré de inmediato de Casa Presidencial y me trasladaré a mi residencia en El Progreso”, una pequeña ciudad en la región norte de Honduras, donde comenzó como dueño de autobuses para el transporte público hasta convertirse en un empresario múltiple. El político liberal agregó que no quiere que su presencia sea incómoda a los ojos de los dignatarios visitantes.
Sin embargo, por el momento no hay cola presidencial para asistir a la ceremonia de ascensión de Lobo. De todos los invitados de alto nivel el único que aceptó, sin ser sorpresa, fue el panameño Ricardo Martinelli.
Bloqueo. Lobo está preocupado por ese panorama tomando en cuenta que el bloqueo diplomático posterior al Golpe agudizó la crisis económica y social interna. Los recursos externos representan más de 20% del PIB y será imposible para la próxima administración cumplir sus responsabilidades sin acceso a créditos y donaciones externas.
Del gobierno de facto se asegura que para afrontar los gastos ha tenido que recurrir a las reservas internacionales netas del Banco Central, que disminuyeron más de 200 millones de dólares en los últimos seis meses, y a imprimir más billetes, sin el respaldo productivo debido.
Lobo aún no tiene las cuentas claras de la administración pública, pero comentó que Micheletti debe entender que “cada quien cumple en su momento una función que es importante pero, luego llega un período en que la cuenta es regresiva y en lugar de hacerse un bien se hace un daño”.
Vacío de poder. Al consultarle si la salida de Micheletti daría lugar a un vacío de poder en la administración pública, Lobo indicó que el gobierno quedaría encabezado “por el presidente del Congreso, sí él no lo asume le tocaría al presidente de la Corte Suprema de Justicia y en esa línea luego le correspondería al ministro de Gobernación”.
Micheletti asiste impávido a ese debate y más bien advirtió a Lobo que si insiste en solicitarle su renuncia lo acusará de pretender “romper el orden constitucional”.
Los hondureños no saben cuánto tiempo aguantará Micheletti esa postura inflexible, ni cuál será la siguiente medida de presión de la diplomacia de Estados Unidos, pero sí se advierte que más allá de un arrebato personal, su actitud forma parte de un complicado tablero de negociación en el cual los sectores golpistas exigen “garantías” de impunidad y continuidad. La estrategia sería, entonces, tensar la cuerda para lograr el mayor número posible de concesiones.
Demanda. La urgencia resaltó el pasado martes 5, cuando el Ministerio Público (Fiscalía General del Estado) presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, acusados de “abuso de poder” por haber expatriado a San José de Costa Rica al Presidente Zelaya, el 28 de junio de 2009.
Ese es el único acto “ilegal” que admiten los militares en toda la operación del Golpe, aunque lo justifican en la llamada “doctrina del mal menor”.
Con la acción de la Fiscalía surgió una pregunta: ¿Qué hace una institución que avaló el Golpe presentando una demanda contra los ejecutores del mismo, en un tribunal que nombró a un magistrado como Juez Ejecutor de la captura y atestiguó el exilio de Zelaya sin objetarlo?
La respuesta no es clara, sobre todo al tomar en cuenta que el requerimiento fiscal será nulo cuando el Congreso Nacional apruebe la semana entrante una amnistía política que favorecerá a todos los implicados, incluyendo, a los uniformados.
Un jurista local comentó a RNW que “posiblemente se esté agotando un procedimiento judicial para intentar bloquear una posterior demanda contra los militares ante organismos internacionales de justicia”.
La amnistía no forma parte del llamado Acuerdo San José-Tegucigalpa, pero es un paso con el cual todos los protagonistas están de acuerdo, aunque en público algunos digan lo contrario. En la hora de las previsiones, el futuro inmediato de la crisis posiblemente se resuelva entre el 12 y el 17 de enero. Para esa fecha, Micheletti tendría que estar en su finca, Zelaya en el exilio diplomático y Lobo listo para asumir la Presidencia y dar prioridad a la atención de los líos de su propio partido en el reparto del poder. Ahora bien, con la incertidumbre ya clásica de este conflicto, vale abrir apuestas.
